Bolivia presentará una queja contra CIADI en caso PAE

El Tribunal del CIADI rechazó la solicitud del Estado boliviano de “bifurcar” (dividir) el proceso arbitral que la empresa PAE presentó contra Bolivia. La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que presentará notas de protesta ante esa instancia.

El Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, publicó el lunes en su página web “una decisión sobre la solicitud de demanda de Bolivia para abordar las objeciones de jurisdicción como una cuestión preliminar”.

Consultado sobre dicha determinación, el procurador Hugo Montero explicó ayer a este diario que ese Tribunal declaró “injustificadas” las razones por las que Bolivia solicitó la división del caso Pan American Energy (PAE), pero que además “desestimó” el pedido, a pesar de que se presentaron los suficientes argumentos.

Por la mañana, en el colocado de la piedra fundamental para la construcción del edificio de la PGE en El Alto, Montero señaló que en el caso PAE el CIADI pretende “mezclar” dos temas diferentes, uno de ellos referido a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos de 2004, y el otro a la nacionalización de la petrolera Chaco, el 23 de enero de 2009, en la que tenía el 50% de las acciones.

Por esta acción, la compañía reclama el pago de una compensación de $us 1.493 millones. En la nota enviada a La Razón, el Procurador señaló que uno de los argumentos de la PGE para que no se mezclen los temas es que Bolivia dejó de ser parte del CIADI desde el 2 de mayo de 2007.

El 12 de marzo de 2010, la petrolera de capitales anglo-argentinos PAE presentó una demanda arbitral en el CIADI en contra de Bolivia por la nacionalización de sus acciones en la actual YPFB Chaco (50% del paquete accionario).

Ante esta “injusticia”, Montero anunció que la PGE “remitirá notas de protesta” ante el CIADI, “toda vez que pese a haber denunciado al Convenio, el Estado se ve obligado a someterse” a esta jurisdicción. Añadió que la Procuraduría “agotará todos los recursos existentes en el Reglamento en defensa legal del Estado”.

Por la mañana, la autoridad declaró en El Alto que el Tribunal no aceptó la solicitud, por lo que interpondrá “una excepción, un incidente de falta de jurisdicción del propio CIADI en este caso; esto va a tener su tiempo”.

Indicó que la compañía anglo-argentina pudo haber presentado una demanda arbitral en otros foros como la Corte Internacional de Arbitraje de París, las cámaras de comercio que hay en Latinoamérica y en Europa, cuyos centros tienen normativas propias a las cuales Bolivia “gustosamente puede acudir”, y no así a un escenario como es el CIADI que está “comprometido con los intereses del Banco Mundial (BM) y los intereses de las transnacionales.

El ingreso y la salida al Tribunal

Convenio

Bolivia firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 1593 el 12 de agosto de 1994. El convenio entró en vigencia el 23 de julio de 1995. El gobierno de Evo Morales renunció al CIADI el 1 de mayo de 2007. Esta determinación se hizo efectiva en octubre del mismo año.

Terreno

El 4 de octubre de 2013, el mandatario Morales advirtió con tomar drásticas decisiones contra las petroleras que operan en el país y que tengan arbitrajes internacionales contra Bolivia.

Procuraduría espera dos laudos arbitrales

La Procuraduría General del Estado (PGE) está a la espera de dos laudos arbitrales respecto a las demandas interpuestas por dos empresas extranjeras contra Bolivia ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París y el CIADI.

Una de las demandas es de la compañía británica Guaracachi América Inc y Rurelec que recurrió el 13 de mayo de 2010 ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), razón por la que exige al Estado una indemnización de $us 142,3 millones.

En este caso, el procurador Hugo Montero informó ayer que en abril de este año asistió a una audiencia para exponer criterios y presentar pruebas. “Es un tema eléctrico y se espera un laudo, una resolución en noviembre o diciembre”, dijo.

La otra demanda es de la empresa Quiborax Non Metalic Minerals, que interpuso su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni. Por este hecho exige un resarcimiento de $us 146 millones. Sobre el caso, Montero indicó que en octubre de este año asistieron a una audiencia y se espera que en unos seis meses el CIADI dé su veredicto final.