Asimismo se detectó que hay dueños de laboratorios que a la vez son funcionarios en el SEDES
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, se constituyó en la ciudad de Tarija para atender una denuncia sobre un laboratorio clínico donde se realizaban pruebas COVID-19 con sobreprecios en sus costos.
Tras el verificativo realizado en Tarija se pudo evidenciar un sobreprecio en las pruebas COVID-19 de este laboratorio, incluso hay denuncias de que existen laboratorios que serían de propiedad de servidores públicos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija.
Ante esta irregularidad, la autoridad señalo: “Somos los primeros que debemos respetar y hacer respetar las normas, en ese sentido es que vamos a presentar la observación correspondiente a objeto de que las autoridades de Salud tomen las cartas en el asunto”.
Silva recordó que ninguna autoridad de Salud puede alegar desconocimiento de las normas y de las resoluciones que emite el Ministerio de Salud, ya que los SEDES departamentales son los primeros en tener conocimiento. Alegar desconocimiento se constituye en una inobservancia e incumplimiento de deberes.
Este laboratorio realizaba cobros por encima de lo aprobado por el Ministerio de Salud, estos precios son de 450 Bs para la prueba del PCR, sin embargo en el lugar se realizaban cobros de 570. Asimismo la prueba Elisa de acuerdo a los precios establecidos tiene un máximo de 150 Bs, sin embargo el laboratorio cobraba 350.
El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor instó a la población a presentar su denuncia correspondiente sobre cobros irregulares en estos laboratorios o establecimientos de salud.
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